27/09/2019 – La Dra. Carmen Viale, expuso en Banca Abierta sobre la necesidad de adecuar los trámites en los que se requiere la presentación de certificados de antecedentes penales a las pautas y condiciones establecidos en la ley de Datos Personales y su decreto reglamentario.
De esta manera solo pueden acceder a los antecedentes penales respetando estrictamente la ley 25.326 y decreto 1558/200, pues de lo contrario, se vulneran las garantías constitucionales de los ciudadanos.
Por otra parte, la especialista en derecho penal explicó que en la actualidad, tanto a nivel privado como en algunos organismos estatales se requiere la presentación de un certificado de antecedentes penales como requisito para trabajar, ejercer una actividad, obtener una licencia, etc. En la práctica se observa que quien posee un antecedente penal tiene mayores dificultades para acceder un trabajo formal que quien no los tiene.
“La inserción laboral de un adulto es una cuestión fundamental, pues no sólo proporciona los medios para su subsistencia sino también para la de su grupo familiar”, expresó la Dra. Viale. Y agregó que “el trabajo formal tiene efectos intergeneracionales y a futuro, porque permite el sustento de los niños en la etapa de crianza y al mismo tiempo es la fuente de financiación del sistema jubilatorio, es decir protege a los ancianos. O sea, el trabajo es un elemento que permite la inserción social y económica del sujeto, afianza la familia y promueve la cohesión social, base de toda sociedad organizada”.
Desde el punto de vista del derecho penal, el trabajo tiene una sustancial relevancia, pues coadyuva a la reinserción social de las personas que están sujetas a un proceso penal, ya sea como imputadas o como condenadas, razón por la cual el trabajo no sólo implica un derecho sino también una obligación legal, cuyo incumplimiento repercute en la posibilidad de acceder a la libertad o de mantenerla.